El 7 de enero del 2000 es juramentado el Consejo Moral Republicano, previsto en la Constitución Bolivariana de 1999.
El
Poder Ciudadano forma parte del Poder Público Nacional y se ejerce por
el Consejo Moral Republicano, el cual es su órgano de expresión,
integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal
General de la República, y el Contralor o Contralora General de la
República, que a su vez representan los órganos que integran el Poder
Ciudadano. Se establece a través de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano
que uno o una de los titulares de estas instituciones será designado por
el Consejo Moral Republicano como su Presidente o Presidenta por un
período de un año, pudiendo ser reelecto o reelecta.
El Poder Ciudadano es independiente de los demás Poderes Públicos y, en consecuencia, no podrá ser impedido o coartado en el ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad. Los órganos que integran el Poder Ciudadano gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa.
El Poder Ciudadano es independiente de los demás Poderes Públicos y, en consecuencia, no podrá ser impedido o coartado en el ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad. Los órganos que integran el Poder Ciudadano gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa.
El Consejo Moral Republicano es el encargado
de garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y
garantías constitucionales, asumiendo los tratados, convenios y
acuerdos internacionales suscritos por la República.
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